Sin embargo, en el último año, este compromiso ha sido enfrentado con creciente hostilidad por parte del comité de administración del edificio. El conflicto escaló el pasado 3 de junio, cuando ellas fueron notificadas por correo electrónico de una modificación al reglamento interno que prohíbe alimentar a los gatos ferales e impone multas a quienes lo hagan, una medida que contraviene tanto la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía N°21.020 como la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N°21.442, al imponer una sanción a través del reglamento interno del edificio, cuando en realidad cualquier restricción de este tipo debe incorporarse mediante una modificación formal del reglamento de copropiedad, cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos legales establecidos.
Como respuesta, el 9 de junio, la vecina afectada presentó una denuncia ante el Juzgado de Policía Local por maltrato animal e infracción a la Ley N°21.020 contra el comité de administración del edificio. Ese mismo día, uno de los vecinos adoptó una actitud violenta hacia su madre, lo que obligó a solicitar la intervención de Carabineros y Paz Ciudadana.
En razón a la infracción a la Ley de Copropiedad, la denunciante optó por solicitar una mediación municipal, para poder lograr una solución pacífica. La mediación se realizó el pasado 4 de julio en la Municipalidad de Providencia, con la participación de la presidenta del comité de administración. Durante el encuentro, se propuso una alternativa concreta y legal: alimentar a los gatos en horarios definidos, retirando posteriormente los recipientes y limpiando el área, tal como lo permite el artículo 11, inciso 2, de la Ordenanza Municipal N°176 de la Municipalidad de Providencia.
La respuesta fue negativa. La presidenta del comité se negó a aceptar la propuesta, y la instancia terminó con un acta de mediación frustrada.
"Lamentamos profundamente que no se haya podido alcanzar un entendimiento. Esta mediación fue un gesto de diálogo, no una obligación legal. Sin embargo, seguiremos adelante por las vías judiciales que nos entrega el ordenamiento jurídico chileno, en defensa tanto de los animales como de nuestros derechos como residentes", señaló la denunciante.
El caso reabre el debate sobre el rol de las comunidades en la protección de animales abandonados y los límites de los reglamentos internos frente a la ley nacional. Mientras tanto, los gatos siguen ahí, invisibles para algunos, pero acompañados por quienes no miran hacia otro lado.
Adopción
Gabriela adoptó a dos gatitos (Darien y Mushu) del grupo de estos animales ferales.
