En materia de protección animal, la Ley N°21.020 —conocida como "Ley Cholito"— constituye uno de los principales marcos normativos vigentes en Chile. Su reglamento, contenido en el Decreto N°1007 de 2018 del Ministerio del Interior, buscaba ser actualizado mediante una reforma impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, dicha modificación fue ingresada a toma de razón de la Contraloría el 10 de marzo, en el último día de su mandato, quedando expuesta a ser retirada por la nueva administración, como efectivamente ocurrió.
Hasta aquí, el dato. Pero lo relevante no es solo lo que ocurrió, sino cómo debe leerse. No estamos ante la caída de la Ley Cholito, ni ante un vacío normativo. La ley sigue vigente y siendo aplicable, su reglamento de 2018 continúa rigiendo, y las obligaciones del Estado y de las municipalidades se mantienen intactas. Jurídicamente, no hay una derogación ni una suspensión del sistema.
Pero políticamente, sí hay una señal que no puede ignorarse. El retiro del reglamento no es neutro. Se produce en un contexto en que el actual gobierno ha sido explícitamente crítico del animalismo y el ambientalismo, calificándolos como expresiones "ideológicas". En ese marco, detener una actualización normativa que buscaba corregir vacíos y mejorar estándares no es simplemente una revisión técnica: es, al menos, una decisión que introduce un manto de incertidumbre sobre la voluntad de avanzar en esta materia.
El derecho animal en Chile no se juega solo en la existencia de leyes, sino en sus condiciones de implementación. Durante los últimos 5 años, uno de los avances más concretos fue el aumento de recursos para programas de esterilización y control poblacional. Esa política pública permitió dar contenido real a la ley. Sin financiamiento, la norma se transforma en una declaración vacía.
Por eso, la pregunta relevante hoy no es si la ley sigue vigente —porque lo está—, sino si el Estado seguirá sosteniendo, ampliando o reduciendo las condiciones materiales que permiten que esa ley opere.
El retiro del reglamento, en este contexto, funciona como un primer indicador. No prueba por sí mismo un retroceso estructural, pero sí justifica una alerta razonable que se vincula directamente con el financiamiento. En un escenario donde el Ejecutivo ha impulsado recortes presupuestarios bajo la lógica de un "gobierno de emergencia", resulta legítimo preguntarse si las políticas públicas de tenencia responsable serán también objeto de ajuste. Porque aquí no se trata solo de normas, sino de su viabilidad: sin recursos para esterilización, control poblacional y programas municipales, la ley no desaparece, pero queda con poco margen para funcionar. En ese sentido, lo que está en juego no es únicamente un decreto pendiente, sino la posibilidad de que la protección animal retroceda por una vía menos visible, pero igualmente eficaz: la asfixia presupuestaria.
En ese escenario, el movimiento animalista no enfrenta una derrota jurídica, pero sí un punto de inflexión político. Y como tal, requiere algo más que observación pasiva: exige presión, vigilancia y disputa.
A casi nueve años de la entrada en vigencia de la ley de tenencia responsable, la discusión ya no es solo normativa, sino política: qué lugar ocupan los animales en las prioridades del Estado. Porque en esta materia, los retrocesos no siempre se anuncian con derogaciones. A veces comienzan, simplemente, dejando de avanzar.