Cuesta creer que en pleno año 2024 y en medio de múltiples escándalos de corrupción en distintas municipalidades a lo largo de todo Chile, haya también administraciones locales que explícitamente fomenten el maltrato en sus comunas, pasando a llevar derechos básicos, que uno pensaría debieran ser garantizados por todas las autoridades del Estado, sin excepción alguna.