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José Antonio Kast y el abandono animal: Menos recursos para prevenir, más abandono para enfrentar

Perros abandonados | Shardar Tarikul Islam en Pexels

Hay momentos en que un presupuesto deja de ser solamente una discusión de cifras y se transforma en una declaración de prioridades en este caso, es la condena de miles de animales por parte de un Gobierno indiferente. Lo que hoy ocurre con la política de tenencia responsable de animales de compañía merece, precisamente, esa lectura.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción cercana al 86% de los recursos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), pasando de los $3.634 millones considerados para 2026 a apenas $514 millones para 2027. Detrás de esos números hay algo mucho más concreto un recorte directo a las esterilizaciones, identificación, atención veterinaria, educación y rescate es decir, a todas las acciones destinadas a prevenir el abandono y la sobrepoblación.

La pregunta para el Gobierno de José Antonio Kast es inevitable: ¿Qué espera que ocurra con los miles de animales que ya están abandonados y con los que seguirán llegando a las calles si se reducen drásticamente las herramientas para prevenirlo?

No estamos hablando de un problema imaginario. Quienes rescatamos animales sabemos lo que está ocurriendo: las organizaciones están saturadas, los hogares temporales escasean, las deudas veterinarias aumentan y las adopciones no alcanzan. Cada semana aparecen nuevos casos de animales abandonados, atropellados, enfermos, heridos o simplemente dejados a su suerte. Frente a esa realidad, el Estado debería preguntarse cómo fortalecer su respuesta, no cómo retirarse de ella.

Daniel Pacheco, Vocero Galgo Libre Chile. Activista por el derecho de los Animales. Redes sociales

El rescate animal no puede convertirse en una política pública financiada por rifas, colectas, bingos y voluntarios que ponen dinero de sus propios bolsillos. Las organizaciones de protección animal hacen una labor indispensable, pero no pueden reemplazar al Estado:

• Una fundaciones y organizaciones  no puede hacerse cargo de toda la población abandonada de una comuna o del país.
• Un rescatista no puede financiar indefinidamente tratamientos veterinarios.
• Un hogar temporal no puede transformarse en un refugio permanente para cientos de animales.
• Un municipio tampoco puede solucionar solo un problema de dimensiones nacionales.

Por eso resulta especialmente preocupante que, mientras se recortan los recursos destinados a la tenencia responsable, el debate legislativo avance hacia mecanismos de control de perros asilvestrados o ferales. Es necesario ser precisos esos proyectos son mociones parlamentarias, no iniciativas presentadas directamente por el Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno sí tendrá que fijar postura frente a este debate y ante cualquier política que busque enfrentar las consecuencias de la sobrepoblación animal.

Es ahí donde aparece una contradicción que el país debe discutir

¿Qué estamos haciendo para evitar que un perro termine abandonado antes de preguntarnos qué hacer cuando se transforma en parte de una "jauría" perros de libre deambular?

Ningún perro nace siendo un problema de seguridad. Primero hubo abandono, reproducción sin control, falta de identificación, ausencia de fiscalización e irresponsabilidad humana solo después aparece el conflicto que todos vemos. Resulta insuficiente discutir únicamente qué hacer con las "jaurías" perros de libre deambular cuando ya están instaladas. La verdadera discusión debería comenzar mucho antes:

• ¿Cómo prevenimos el abandono?
• ¿Cómo aumentamos las esterilizaciones masivas?
• ¿Cómo garantizamos la identificación y el registro?
• ¿Cómo fiscalizamos y sancionamos efectivamente a quienes abandonan?
• ¿Cómo fortalecemos la adopción y entregamos herramientas a los municipios?

Esas son las preguntas que deberían estar en el centro de una política nacional. Si el Gobierno considera que el PTRAC no ha sido suficientemente evaluado, hagamos una evaluación seria midamos, comparemos, fiscalicemos y determinemos qué programas funcionan y cuáles deben modificarse. Pero evaluar una política pública no puede significar dejar al país sin capacidad de respuesta mientras se realiza dicho examen.

El abandono no se detiene porque disminuya una partida presupuestaria. Al contrario si se reducen la esterilización y la prevención, el Estado enfrentará mañana una población animal mayor y un problema considerablemente más caro. Ese costo no desaparecerá simplemente cambiará de lugar. Lo pagarán los municipios, las organizaciones, las familias, las comunidades y, finalmente, los propios animales.

El problema no nació en la calle

Existe una tendencia preocupante a mirar al animal abandonado como si fuera el origen del problema. No lo es. El perro que termina en la calle no decidió ser abandonado, ni reproducirse sin control, ni formar una "jauría". Detrás de cada animal en la calle existe una cadena de responsabilidades humanas e institucionales.

Por eso, una política seria debe actuar antes. Si alguien abandona y el Estado no tiene capacidad para identificarlo, sancionarlo y prevenir que vuelva a ocurrir, el problema seguirá multiplicándose. Ningún presupuesto será suficiente si solo nos dedicamos a recoger las consecuencias.

¿Y la emergencia sanitaria?

El abandono masivo genera problemas de convivencia, accidentes de tránsito, mordeduras, riesgos sanitarios, contaminación de espacios públicos y conflictos con la fauna silvestre. Por ello, la tenencia responsable no es solo una causa animalista es una cuestión de salud pública y gestión territorial.

Un perro abandonado no desaparece porque el Estado deje de financiar programas sigue existiendo, reproduciéndose y recorriendo las calles. Entonces surge la pregunta incómoda.

¿Es realmente un ahorro si trasladamos el costo de la prevención hacia una emergencia futura mucho más cara?

No necesitamos menos Estado donde el problema crece

Chile necesita discutir seriamente su política de tenencia responsable, pero discutirla no significa desmantelar la prevención, sino fortalecerla. Necesitamos una política nacional con indicadores claros, evaluación permanente, transparencia y fiscalización. Si no existen suficientes indicadores, construyámoslos; si hay programas deficientes, mejorémoslos si hay recursos mal utilizados, sancionemos. Hay una diferencia enorme entre reformar una política pública y quitarle sus herramientas.

El Gobierno de José Antonio Kast y el Ministro Quiroz tienen una responsabilidad política evidente explicar cuál es su estrategia frente a la tenencia responsable y al abandono animal. La ciudadanía necesita respuestas concretas:

• ¿Qué pasará con las campañas de esterilización?
• ¿Qué ocurrirá con los programas municipales y el apoyo a las organizaciones?
• ¿Cómo se evitará el aumento de jaurías y se protegerá la salud pública?
• ¿Cuál será la política del Estado antes de llegar al punto en que la única solución sea eliminar las consecuencias del abandono?

Chile no puede aceptar una lógica en la que primero se debilita la prevención y luego se utiliza la emergencia como argumento para aplicar medidas drásticas. Eso es llegar demasiado tarde.

La discusión no se reduce a quienes aman a las mascotas frente a quienes no. Es una discusión sobre qué tipo de Estado queremos construir uno que previene, fiscaliza y se anticipa, o uno que espera a que el problema explote para reaccionar. Frente al Presupuesto 2027, el Ejecutivo debe responder algo más importante que una cifra

¿Cuál es su plan para que Chile tenga menos animales abandonados mañana y no simplemente más emergencias inmanejables que lamentar?

Quitar recursos para prevenir el abandono no hará que el problema desaparezca. Solo lo hará más grande.