El punto central para la Fundación Derecho y Defensa Animal es que el Boletín 12.786-12 no regula una actividad legal: legaliza una actividad clandestina. Un reportaje de la Universidad de Chile (Doble Espacio, 2026) documentó que en torno a estas carreras se articulan apuestas clandestinas prohibidas por la Ley de Casinos, venta ilegal de alcohol, cobro de entradas sin respaldo tributario y administración de sustancias ilícitas a los animales, con campeonatos cuyos premios alcanzan los 7 millones de pesos. El canódromo de José Arrieta, en Peñalolén, funcionó más de dos décadas sin ningún permiso municipal hasta la demolición del recinto en septiembre de 2025.
No se trata de hechos aislados. En 2020, la PDI detuvo a doce personas en una carrera clandestina en el sector de Quereo, en Los Vilos, con más de un centenar de asistentes, en eventos donde también se constataron apuestas. Y en el propio debate legislativo las apuestas ilegales han sido un argumento central: quedaron registradas en la discusión de Sala del anterior proyecto de prohibición, votado en agosto de 2024.
Chile es la excepción regional
"Regular canódromos sin resolver las apuestas ilegales, el dopaje y el maltrato documentado no es ordenar una actividad, es blanquearla. Lo que corresponde es que Chile se sume a la región y las prohíba", señaló Mayra Cabezas, Directora de Incidencia de Fundación Derecho y Defensa Animal.
La directora recordó además el costo que esta actividad traspasa a la sociedad civil: "Las organizaciones animalistas llevan años haciéndose cargo de las consecuencias de las carreras. Fundación Galgo Libre (@galgolibreCL), entre otras, rescata y busca familia de adopción para los galgos que son abandonados cuando dejan de ganar. Legalizar los canódromos significa producir más perros descartables y más abandono".
Un proyecto con vicio de tramitación constitucional
El artículo 14 quáter del proyecto de regulación, que entrega competencias a los juzgados de policía local, fue modificado en comisión incorporando una facultad de clausura definitiva sin que esa nueva versión fuera consultada a la Corte Suprema, como exige el artículo 77 de la Constitución para las leyes que modifican la organización y atribuciones de los tribunales. La única opinión de la Corte que consta en el expediente recae sobre el texto original de la moción, no sobre la versión que hoy llega a Sala.
La omisión no es un detalle formal. La consulta al máximo tribunal es un trámite obligatorio, contemplado también en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, y su ausencia expone la futura ley a un reproche de constitucionalidad de forma que podría anular la norma precisamente en su mecanismo de fiscalización y sanción, dejando una regulación sin dientes.
Por estas razones, Fundación Derecho y Defensa Animal hace un llamado a los diputados que tengan dudas sobre el proyecto a no concurrir con su voto a una norma con vicios de constitucionalidad, y a exigir que el texto regrese a comisión para subsanar el trámite omitido antes de cualquier pronunciamiento de la Sala.
Ese llamado no queda solo en manos de los parlamentarios: para que la ciudadanía pueda sumarse, Fundación Derecho y Defensa Animal habilitó el sitio web #No más carreras, donde cualquier persona puede escribir directamente a los diputados que aún no han definido su voto, pidiéndoles aprobar la prohibición de las carreras de perros y rechazar la legalización de los canódromos.
La Fundación Derecho y Defensa Animal hará seguimiento público de ambas votaciones, informando a la ciudadanía cómo votó cada diputado. La protección animal fue un compromiso suscrito por decenas de parlamentarios electos durante la campaña, y esta será una de las primeras oportunidades de la nueva legislatura para demostrarlo.