La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la refundición de dos proyectos de ley: el Boletín N.º 16.962-01, destinado a establecer como deber del Estado la protección de la fauna silvestre, y el Boletín N.º 18.269-01, que regula medidas de control y captura respecto de perros considerados "salvajes o ferales".
Como el primer Boletín cuenta con suma urgencia por parte del Ejecutivo, la fusión traslada esa misma prioridad a las normas sobre control de perros, que ahora se discutirán de forma acelerada en la Comisión de Agricultura.
El Boletín N.º 18.269-01 permite implementar "sistemas de captura" en predios donde se atribuyan ataques a perros de libre deambular. Además, su artículo 5 establece una eximente de responsabilidad penal por el delito de maltrato animal para quien actúe en defensa propia, de otra persona o del ganado frente a un ataque actual o inminente.
"Una vez muerto el animal, no existe forma real de comprobar si realmente existió o no un ataque. En la práctica es una autorización general encubierta para matar perros", dice Mayra Cabezas, abogada de la Fundación Derecho y Defensa Animal.
Desde la campaña "No a la caza de perros" advierten que este proyecto abre la puerta al control letal y genera serios problemas de fiscalización.
Perro abandonado
Las organizaciones reconocen que los ataques contra la fauna silvestre y el ganado constituyen un problema real. Sin embargo, antecedentes entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) indican que cerca del 90% de los ataques a fauna y ganado provienen de perros con dueño en situación de libre deambular.
Esa lectura fue compartida por algunos parlamentarios durante la discusión del proyecto. "Los perros son un problema, pero quien creó el problema fue un humano. Esta ley debe hacer responsable al humano", planteó el diputado Cristián Menchaca (UDI), quien agregó que "la gran mayoría del problema lo causan perros con dueño que andan sueltos".
Frente a este escenario, la campaña llama a asumir como sociedad una política de prevención real y a que el Ejecutivo destine los recursos que hasta ahora no ha entregado. Las medidas que propone son conocidas y cuentan con respaldo técnico: esterilización obligatoria, identificación con microchip, fiscalización efectiva en zonas rurales, sanciones reales por abandono, coordinación entre los organismos públicos y prevención en los predios, como cercos reforzados y corrales nocturnos. El obstáculo, subrayan, nunca ha sido la falta de herramientas, sino la falta de financiamiento para aplicarlas.
La ciudadanía puede informarse, firmar la petición y escribir directamente a las diputadas y diputados en noalacazadeperros.cl.