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La permisología también afecta a los animales: Por qué el activismo animalista no puede mirar hacia otro lado

Plantel acuícola | Sinalmultimedia en Pexels

La recién aprobada Ley de Permisos Sectoriales - llamada por sus promotores una ley de "modernización" y por sus críticos una "motosierra ambiental"- representa un grave retroceso no sólo en términos medioambientales, sino también para quienes trabajamos por los animales.

El discurso oficial insiste en que esta norma no baja estándares, pero al revisar su letra fina, lo que vemos es una peligrosa flexibilización de controles clave en sectores altamente contaminantes, entre ellos, la industria de explotación animal.

Quienes defendemos a los animales no humanos no podemos permanecer indiferentes ante esta ley. Muchos de los proyectos que hoy requieren permisos sectoriales están directamente relacionados con industrias que explotan animales, como la salmonicultura. Planteles de engorda, granjas de cerdos, criaderos de aves y centros de cultivo de salmones podrían beneficiarse de autorizaciones más laxas, incluso mediante simples declaraciones juradas, sin revisión técnica previa. En la práctica, bastará con que una empresa diga que cumple la norma para obtener un permiso. Esto abre una puerta enorme al abuso, al maltrato y a la expansión de modelos productivos que causan sufrimiento animal sistemático y contaminación ambiental.

Además, la ley permite aplicar el silencio positivo: si una autoridad no responde en el plazo previsto, el permiso se entenderá aprobado. ¿Qué pasa si esto ocurre con un proyecto en zona de humedales, santuarios de la naturaleza o corredores biológicos de fauna silvestre? En muchos casos, la fauna silvestre se ve afectada por el avance de estas industrias: desde zorros y aves desplazadas por la deforestación para monocultivos y planteles industriales, hasta cetáceos y lobos marinos alterados por el ruido, antibióticos y contaminación de la salmonicultura.

Uno de los grandes desafíos pendientes es que los procesos de evaluación y permisos ambientales reconozcan la sintiencia de los animales, tal como lo ha establecido la ciencia moderna y el derecho internacional. Hoy, esa consideración brilla por su ausencia. Esta ley, lejos de avanzar en esa dirección, profundiza el problema: al flexibilizar controles en sectores donde los animales son explotados, institucionaliza aún más la violencia estructural que enfrentan. Como sociedad civil, deberíamos exigir que todo proyecto que involucre crianza, confinamiento o uso de animales sea evaluado rigurosamente con enfoque de protección animal, incluyendo la participación de especialistas y organizaciones dedicadas a su defensa.

Esta no es solo una discusión sobre permisos y eficiencia. Es un tema ético y político. En un contexto de crisis climática y ecológica, flexibilizar la supervisión pública en nombre del "crecimiento" sin garantizar una evaluación rigurosa y con participación ciudadana es irresponsable. Y más aún cuando se promueve un modelo de desarrollo que sigue considerando a los animales como meros recursos productivos, en vez de reconocerlos como seres sintientes que merecen consideración moral.

El llamado es claro: quienes luchamos por los animales debemos mirar más allá de lo inmediato. La lucha por su bienestar no está separada de las grandes decisiones sobre territorio, permisos e inversión. Una ley que facilita megaproyectos sin fiscalización efectiva también es una ley que expone a los animales -domésticos y silvestres - a más sufrimiento.

Por eso, como animalistas, también decimos: no a la regresión ambiental disfrazada de eficiencia.